La policía como símbolo de autoridad


Yesid Reyes Alvarado 17 Jul 2014 – 11:17 pm
Hace pocos días los medios de comunicación informaron que un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado por robarle su bicicleta. Esa noticia, junto a otras que en las últimas semanas han dado cuenta de la muerte violenta de más integrantes de esa institución a manos de criminales, afectan de manera especialmente grave la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Aun cuando el crimen siempre ha estado presente en la sociedad y todos sabemos que erradicarlo por completo no pasa de ser una utopía, la existencia de un ente policial dedicado al combate de la delincuencia genera un cierto grado de confianza en la comunidad. Cuando se comete un delito, se espera la intervención de los uniformados para aprehender al autor del mismo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Pero esa sensación de tranquilidad se resquebraja si se empieza a advertir que ese grupo armado es tan vulnerable a las acciones del hampa como el resto de los habitantes. Nuestro Código Penal tiene previstas penas fuertes para los homicidios cometidos en contra de servidores públicos, lo que hace innecesario pensar en un incremento punitivo para tratar de combatir este tipo de agresiones. Tampoco creo que la circunstancia de que dos agentes del orden hayan sido asesinados con armas blancas sea razón suficiente para penalizar su porte, porque la falta de precisión de lo que debe entenderse por tales instrumentos, así como de los contextos sociales en los que sería reprimido, abrirían la posibilidad de que se cometieran abusos; tiene razón el gobierno en oponerse a semejantes iniciativas.
Frente a esta clase de comportamientos, el Estado debe reaccionar de manera contundente y armónica; debería existir un cuerpo élite dedicado de manera exclusiva a la investigación de estos delitos, con la activa participación coordinada de todos los organismos de seguridad, que esté en capacidad de identificar con celeridad a sus autores y ponerlos a disposición del poder judicial. A su vez, la Fiscalía podría crear una unidad nacional especializada en la persecución de esas conductas, con el número de funcionarios suficiente para asegurar que quienes las desplieguen serán judicializados en el menor tiempo posible. La rama judicial también podría evaluar la posibilidad de organizar unos jueces con competencia en todo el territorio nacional para el juzgamiento ágil de estos hechos.
El tratamiento prioritario de esta modalidad delincuencial no debe ser interpretado como una odiosa forma de discriminación entre las víctimas; todos tenemos el mismo derecho a que en caso de resultar afectados en nuestros derechos fundamentales se adelante una investigación rápida y eficiente, que permita sancionar a los responsables. Pero para que podamos estar lo más cerca posible de ese ideal, es imprescindible garantizar que los policías, fiscales y jueces, como símbolos de autoridad, sean intocables. El impacto que en su momento tuvo la captura de unos taxistas acusados de la muerte de un agente norteamericano cuando se pretendía someterlo al llamado paseo millonario, se debió en buena parte a la celeridad con que los dos países actuaron.
Fuente: Yesid Reyes Alvarado | Elespectador.com