A vencer la cultura del secreto en Colombia


(Por considerarlo de absoluto interés y pertinencia para los lectores de este blog, reproducimos el editorial del periódico El Espectador del 11 de marzo de 2014).

Presidente Santos firmó Ley de Transparencia (Foto Presidencia de la República)
Presidente Santos firmó Ley de Transparencia (Foto Presidencia de la República)

El jueves de la semana pasada el presidente de la República sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ahora será conocida como Ley 1712 de 2014.

Colombia había logrado avances importantes en acceso a la información desde mucho antes. La Constitución del 91, algunas normas de los años 80 y varias sentencias de la Corte Constitucional le han dado fundamentos muy importantes a este derecho. No obstante, hacía falta una norma que actualizara los logros alcanzados frente a los estándares internacionales y que unificara las diferentes garantías que se han logrado en las cortes Constitucional e Interamericana de Derechos Humanos.

Este logro no habría existido sin el esfuerzo de la alianza Más Información, Más Derechos, grupo de la sociedad civil conformado actualmente por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y Corporación Ocasa, y que trabajó en conjunto desde hace cinco años en la producción de esta ley y estuvo casi tres años empujándola por las diferentes etapas que exigía el proceso legislativo.

Gracias a ese trabajo pudieron lograrse avances importantes, como la claridad sobre quiénes deben entregar información. No sólo serán todas las entidades del Estado, sino los privados que presten servicios públicos, los contratistas del Estado, los partidos políticos y los movimientos significativos de ciudadanos. Todos ellos llegaron a negar información muchas veces bajo el argumento de que no estaban obligados a hacerlo.

Por otro lado, se aumentaron los requisitos para que una entidad pueda negar información. Antes, se debía alegar que había una reserva en una ley expedida por el Congreso o en la Constitución. Ahora, además de eso, la norma en la que se escude el rechazo tendrá que relacionarse con alguno de los temas de una lista que establece esta nueva herramienta y deberá probarse que de verdad existen razones y pruebas para no entregar lo que se pide. En resumen, el ciudadano no debe probar que lo que solicita es público, sino que el funcionario debe demostrar bajo ciertos criterios por qué no lo es.

Pero la lucha no ha terminado. La existencia de esta norma no va a acabar de la noche a la mañana con la cultura del secreto. Para esto, puede verse con facilidad la forma en que el Ministerio de Defensa peleó a capa y espada una medida que finalmente fue tumbada por la Corte Constitucional: todo lo relacionado con su sector debía ser secreto y ninguna garantía de esta ley podía aplicársele. Pero los hechos recientes muestran que los militares no pueden ser tan intocables como pretenden serlo. Los escándalos de las presuntas chuzadas y la supuesta corrupción en la contratación del Ejército son una prueba de que el secreto que ha gobernado este tipo de instituciones sólo ha servido para que muchas cosas salgan mal.

Esta cultura del “tapen, tapen”, sin embargo, no se limita, ni mucho menos, a las Fuerzas Militares. También es un lunar que cubre la cara de la justicia, de muchos contratistas del Estado y de varios prestadores de servicios públicos.

Este triunfo de la sociedad civil no puede quedarse en el papel. Las entidades encargadas de reglamentar, de aplicar las garantías y de poner en marcha esta norma deben pisar el acelerador para que los obligados a entregar información cumplan desde el primer día de vigencia de la ley dentro de seis meses para el nivel nacional y un año para el territorial.

También es fundamental que en ese proceso se involucren aquellos sectores reacios a abrir sus puertas a la ciudadanía. Debemos estar vigilantes a que lo que quedó escrito se vuelva una realidad.

Fuente:  El Espectador

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