Lo que han ganado los indígenas con la Constitución de 1991


¿Ganaron o perdieron las comunidades indígenas con la nueva Constitución Política de Colombia?

Las respuestas pueden ser tan variopintas como la misma diversidad étnica y cultura que respeta la Carta Magna. Pero el inconformismo se asoma tantas veces como el optimismo cuando responden los representantes de estas comunidades.

Inconformismo, porque sienten que aún el Estado les debe el cumplimiento de esa amplia

Indigenas Arhuacos
Indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta

oferta de derechos que les ofrecieron los constituyentes de 1991 y optimismo porque sienten que no pueden negar que lograron un reconocimiento político para iniciar una lucha que, según ellos, podría durar otros 20 años.

“La principal ganancia es el espacio político que se nos da. Tenemos dos curules permanentes en el Senado”, dice Lot Usiel Villazón, de la comunidad de los kankuamos, cuando hace un balance. De hecho, estos espacios permitieron mostrar un nuevo liderazgo que, en algunos casos,se transformaron en experiencias positivas como la gobernación de Floro Tunubalá, el primer indígena en administrar el departamento del Cauca, una zona de tradicional dominio liberal y conservador.

Otras experiencias han sido menos gratas: el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, de los embera, ha tenido una discreta actuación en ese órgano de control, después de que la Fiscalía anunció una investigación para determinar si tuvo algún nexo con la intervenida captadora ilegal de dineros DMG.

Con buenas o malas experiencias, los indígenas lograron ganar y construir un espacio político que los llevó a asumir una forma de organización partidista, que hoy tiene su expresión en la Alianza Social Indígena y las Autoridades Indígenas de Colombia, este último dice tener la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE)de ser la colectividad más transparente en el manejo de sus cuentas.

Pero los espacios no han sido suficientes. “La Constitución es apenas el comienzo de una lucha por exigir otros de nuestros derechos”, dice Alberto Cuacés, de la comunidad de los pastos. Aunque a los indígenas se les reconoció sus derechos territoriales en los resguardos y reciben transferencias del Estado central, aún no han podido desarrollar proyectos productivos.

Es el caso de los kankuamos, dice Villazón, tienen derechos colectivos sobre la tierra, pero no han podido conseguir créditos bancarios, porque sus fincas no pueden ser hipotecadas y las entidades financieras les exigen un activo de respaldo que, por ahora, no tienen. “En el derecho al territorio no hemos avanzado. La lucha ha sido complicada con el Estado”, insiste Cuacés.

Pese a estas dificultades, los indígenas han sido los grandes protagonistas del tema ambiental. La Corte Constitucional destaca como uno de sus principales fallos el que les reconoció a los U’wa el derecho a ser consultados antes de iniciar un proyecto de exploración sísmica en el Parque Nacional Tamá y en El Cocuy.

La sentencia, del 3 de febrero de 1997, se convirtió en una jurisprudencia que ha seguido causando efectos: la Ley Forestal y el Código Minero, aprobados en la administración del ex presidente  Álvaro Uribe no pasaron el examen de constitucionalidad, porque los legisladores no tuvieron en cuenta la opinión de los indígenas y de otras minorías.

Aún así, la lección parece que no ha sido aprendida del todo, dice Martín Tenganá, ex senador indígena. La reciente aprobación de la Ley de Víctimas, la norma más importante de los últimos años, no fue consultada con los indígenas. “Nosotros somos víctimas de la masacre de El Nilo, en el Cauca, y no nos pidieron una sola consulta”, afirma Tenganá.

Aunque la solo consulta previa que reconoció la Corte Constitucional es un avance, los 102 pueblos indígenas aún esperan que se consolide una jurisdicción indígena. El Consejo Superior de la Judicatura ha hecho algunos desarrollos, pero sin resultados definitivos.

Por lo pronto, la comunidad de los pastos ya creó lo que llaman universidad intercultural en la localidad de Guachucal (Nariño), donde esperan formar a sus jueces y magistrados. “Lo ideal sería tener una corte constitucional indígena”, remata Tenganá.

Por último, en el derecho a la vida, el millón 800 mil indígenas que hacen presencia en 430 municipios de 27 departamentos siguen en la mira de los violentos. Ellos han optado por declarar, en algunos casos, su neutralidad en el conflicto y han asumido el valioso papel de denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos o infracción al Derecho Internacional Humanitario, una muestra más de que han ganado respeto y espacio político, pero también una prueba más de que la Constitución y el país les sigue debiendo.

José Antonio Sánchez
Subeditor ELTIEMPO.COM

cibergrafía: eltiempo.com del 14/06/2011

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