“Pastusos giles nos vamos con su dinero”


Con esa frase lapidaria y burlesca, pero real, dicen que se despidió una de las empresas captadoras de dinero en la ciudad de Pasto (Capital del Departamento de Nariño) de sus ahorradores. Pero no solo pastusos, también caleños, payaneses, quindianos, bogotanos, medellinenses, palmireños, y en general muchos colombianos.

Eso fue todo lo que les dejó. Mientras tanto, las personas en manifestaciones espontáneas reclamaban enfurecidas sus ahorros.

Un usuario de las pirámides, con un meaculpa, reconocía a los periodistas: “Esto es un juego. Como gana mucha plata, también podía perderla toda.”

Otro, por su parte decía que “esto le sirve de experiencia. Pues invirtió para uno tratar de capitalizar un poco más de lo que tiene”; Mientras tanto, en Armenia, otro afirmaba: “Con avaricia de ir a ganar salí fue robado”.

Por su parte, con el humor ácido y sarcástico que las caracteriza,  “Tola” le decía a “Maruja”  en el programa de televisión El Radar, que ella había perdido todos los ahorros de su vida: $70.000, incluidos los $8.000 que le había prestado.

Hordas iracundas de ciudadanos afectados por la pérdida de sus dineros, se lanzaron a las calles de diferentes ciudadas colombianas (Pasto (Nariño), Popayán (Cauca), Pereira (Quindio), Armenia, Cali y Palmira (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Bogotá (capital del país), entre otras ciudades para reclamar y exigir la devolución de sus ahorros.

El asunto es tan grave, que el Gobierno Colombiano ya está evaluando y decidiendo Decretar la Emergencia Económica para afrontar una crisis que se veía venir.

Historia de las Pirámides Fináncieras (caos en Albania)

Información complementaria

Murcia desafía al Estado: Interesante artículo en la Revista Semana

Este tema interesa a nuestro blog porque precisamente toca con una de las funciones esenciales del Estado: Intervenir en la Economía para garantizar su transparencia.

Gobierno decretará emergencia económica para afrontar casos de pirámides (El Espectador 16/11/2008)

Así lo señalan fuentes basadas en que hacerlo le permitiría al Ejecutivo proceder con más libertad frente a las empresas captadoras de dinero.

El Gobierno estudia la posible declaración del estado de emergencia económica para manejar la crisis social causada por las oficinas que captan dinero ilegalmente, conocidas como pirámides, según informó este domingo a la Agencia EFE una fuente oficial.

La fuente del Gobierno dijo que el equipo jurídico de la Presidencia ya estudió la posibilidad de decretar dicho estado especial, que está previsto por la Constitución para permitir al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa en casos especiales por un plazo inicial de 30 días.

El presidente Álvaro Uribe ha tenido varias reuniones con sus asesores desde el viernes y este domingo, tras reunirse con el gabinete para adoptar la decisión, la daría a conocer. “El interés del Gobierno es garantizar que los ahorradores recuperen su dinero”, indicó la misma fuente, tras añadir que se proyecta reformar las normas para tipificar como delito la captación de dinero por parte de empresas no autorizadas.

El fenómeno de las pirámides entró en crisis la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento. Según el Gobierno, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos.

El pasado miércoles se registraron disturbios en varias ciudades, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos, mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó. Entretanto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, le pidió a las autoridades regionales que “colaboren para identificar dónde se está haciendo esa captación” de dinero.

El Ministro explicó que “se van a endurecer las penas y se va establecer un nuevo tipo de delito que no va a ser excarcelable”. El sábado el presidente Uribe afirmó que las pirámides son parte de la “cultura mafiosa” y la ambición de ganancia fácil y rápida. Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.”

Con perdón (y me excusan) de los propietarios de El Espectador, y sólo con interés de compartir con nuestras lectoras y lectores y servir de apoyo a los análisis y discusiones que creo se deben realizar desde la academia y desde las organizaciones cívicas y sociales del país, transcribo estas dos importantes entrevistas realizadas por periodistas colombianas.

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Dos de los ex ministros de Hacienda más prestigiosos del país contestan diez preguntas básicas sobre el desmoronamiento masivo de las mágicas escaleras de billetes denominadas pirámides. Critican la falta de acción oportuna de la administración Uribe y afirman que hubo  malicia o ingenuidad en la demora oficial para intervenir a las captadoras ilegales de los recursos económicos del pueblo.

Preguntas

1.- ¿Cuál es la explicación para que hayan crecido en esa magnitud los negocios parabancarios y parafinancieros conocidos como ‘pirámides’?

2.- ¿Cuál es el mecanismo que les permite a los grupos que arman las pirámides responderles durante un tiempo a sus clientes con devoluciones de dinero sobre el 100 o el 150% de lo que invirtieron?

3.- Además de la oferta de ganancias exorbitantes que ofrece ese esquema ilegal, ¿cuáles son a su juicio las falencias que el colombiano del común detecta en el sistema financiero y bancario para que prefiera correr el riesgo de entregarle sus ahorros a alguien que no le da garantías?

4.- ¿Le parece real la cifra de dos billones de pesos y dos millones de personas que dan las autoridades como que están ‘en vilo’ por la caída de las pirámides?

5.- En un titular de El Espectador se lee que “tiemblan las pirámides”. ¿Temblará también el esquema financiero y bancario del país? ¿Será necesario pensar en hacerle reformas profundas al sistema que permite que los grandes grupos tengan enormes ganancias, mientras que los ahorradores sólo ganan intereses mínimos?

6.- ¿Qué reflexiones deberían hacerse hoy los accionistas de los grupos financieros y bancarios?

7.- Usted ha sido Ministro de Hacienda y ha pertenecido a las juntas directivas de las entidades más importantes del sector económico. ¿Falló el Gobierno o qué otra explicación puede tener la demora en la intervención oficial?

8.- ¿Cree que la Superintendencia Financiera no tiene suficientes herramientas para enfrentar a quienes delinquen, o que tiene las manos amarradas?

9.- A su juicio, ¿la responsabilidad política de lo sucedido  es del  renunciado Superintendente, del ministro de Hacienda, del Presidente, o de todos ellos?

10.- ¿Qué responsabilidad ética le cabe al Gobierno si la gente insiste en entrar a las pirámides aun sabiendo que corre muchos riesgos?

Ex ministro Rudolf Hommes:

“Estoy sorprendido de que (el Ejecutivo) no hubiera actuado”

1.- La codicia y la ignorancia de algunos segmentos del público explican el fenómeno. Los pobres compran lotería y seguros al mismo tiempo. Y resultan propicios a la seducción de las pirámides porque les prometen rendimientos que son de lotería, mientras que les permiten pretender que están ahorrando. También hay avivatos que participan en la pirámide al principio, y llevan otros clientes para que haya cómo recaudar su rendimiento y recuperar su inversión. Es usual que a los que se les ha asegurado que no pierden, actúen como ‘calanchines’.

2.- Las pirámides dependen de la continuación del crecimiento: con lo que recogen de los nuevos ahorradores que ingresan, les pagan a los que han llegado primero y éstos se retiran con sus ganancias. Esto hace que quienes ya están en el sistema, se conviertan voluntaria o involuntariamente en cómplices de los gestores y traten de atraer más clientes para que les puedan pagar. Cuando la pirámide deja de crecer, hace crisis y los gestores se vuelan con la plata. Es un sistema infernal que deja de funcionar y se derrumba, como le decía, cuando no sigue creciendo con rapidez, o una vez  que se descubre que no van a poder pagarles a todos.

3.- No se trata de falencias del sistema legal. Lo que pasa es que ningún intermediario financiero serio y responsable puede pagar rendimientos como los que prometen las pirámides y sobrevivir a esa oferta.

4.- No puedo juzgar si la suma es real, pero se sabe que hay mucha gente afectada o involucrada. Es inconcebible que las autoridades hayan esperado hasta ahora para intervenir, cuando se trataba de una muerte anunciada.

5.- No lo creo. El sistema financiero institucional que está supervisado, no tiene nada que ver con las pirámides. Si éstas han proliferado, es por fallas de regulación y de supervisión.

6.- Creo que no debieron haberse quedado quietos.  Han debido exigirle al Gobierno que interviniera a tiempo.

7.- Con ocasión de todo lo que ocurrió en días pasados, me preguntaba si durante mi gestión en el Ministerio de Hacienda yo hubiera tenido este problema, qué hubiera hecho. Llegué a la conclusión de que hubiera tratado de meter en cintura a los ‘piramidistas’ aunque fuera con el Ejército como lo hicieron en Ecuador, o invocando la emergencia económica o la conmoción interior, si estas medidas fueran legalmente viables. Aquí faltó gobierno. No intervino a tiempo y con valor para evitar esta catástrofe. No se entiende por qué hasta ahora hace presencia el Ministro de Hacienda cuando la estafa ya se ha consumado. Y el superintendente fue un convidado de piedra en el proceso, o tuvo sus manos amarradas sabiendo lo que iba a suceder.

8.-  Realmente estoy sorprendido de que no se haya actuado. Fuentes cercanas al ex Superintendente Financiero dicen que estaba muy molesto porque el Gobierno no apoyó una intervención oportuna y que tampoco obtuvo respaldo de la Fiscalía, pues ésta no se movió con la debida diligencia. Es posible que a título privado y personal, funcionarios de algunas instituciones del Estado sean clientes o usufructuarios de las pirámides. Los abogados que he consultado dicen que el Ejecutivo contaba con los instrumentos necesarios para intervenir. No lo hizo.

9.- Del Gobierno entero. Desde 1982 es ilegal captar dinero del público y por eso es una actividad penalizada. Ellos sabían que había pirámides y que allí se captaba dinero del público. Se pregunta uno por qué no intervinieron; por qué no enviaron a la cárcel a los responsables o por qué no mandaron a la Policía a cerrar las sucursales que existían en todo el país. Si tenían dudas, el Ministerio de Hacienda ha debido actuar para prevenir lo que sucedió, en vez de esperar a que todo el mundo se quedara en la ruina.

10.- Una de las responsabilidades del Gobierno es evitar que la gente actúe en contra de sus propios intereses y se haga daño. Las leyes laborales, por ejemplo, impiden que los trabajadores renuncien a sus derechos y los que hacen malos tratos, no pueden renunciar a la protección que les brinda la ley. Cuando el Ejecutivo detecta un problema como el que nos ocupa, debe intervenir para proteger a los incautos y para castigar a los criminales y a sus cómplices. El Presidente, que es un gran comunicador, no les comunicó efectivamente a las víctimas de las pirámides que los iban a desplumar irremediablemente. Trató de hacerlo pero no con la contundencia necesaria.

Ex ministro Juan Camilo Restrepo:

“La responsabilidad política es inexcusable”

1.- Creo que la razón de su florecimiento es una mezcla de: defectuoso y tardío control por parte del Estado; ánimo desmedido de utilidades fantasiosas por parte de ahorradores ingenuos; y avivatada de los captadores piratas que se aprovecharon de las dos causas anteriores. Algunos mencionan también el lavado de activos como una de las causas.

2.- A los primeros ahorradores que llegan  les pagan rendimientos astronómicos con la plata que depositan los segundos; a los segundos con los dineros de los terceros; y a éstos con los de los cuartos. Y así sucesivamente hasta que la cadena de la felicidad no puede seguir funcionando y se derrumba. Los ahorradores tumbados terminan siendo los de las últimas cohortes. Por eso, inclusive, vimos marchas de ahorradores apoyando a las pirámides. Como sucedió en Villavicencio. Eran los ahorradores que llegaron en primer lugar.

3.- Creo que más que falencias en el sistema bancario regulado, a los ingenuos ahorradores de las pirámides los mueve la ilusión infundada de que alguien (así no esté regulado y sea más inseguro) los saque de la noche a la mañana de la pobreza con el ofrecimiento de rendimientos imposibles.

4.- No lo sé. En un principio me sonaron muy altas estas cifras. Pero observando la catarata de pirámides que se están reventando en todo el país y el número insospechado de ahorradores defraudados que están apareciendo, a lo mejor no resulta exagerada.

5.- Creo lo contrario: el fracaso de las pirámides –como tenía que suceder–  reafirma la importancia y la seguridad del sistema financiero institucional.

6.- De nuevo: creo que el problema no es de los accionistas de las entidades financieras reguladas por el Estado. Es de los piratas de las captadoras irregulares.

7.- Creo que hubo tardanza injustificada por parte del Gobierno en tomar medidas preventivas. El problema de las pirámides venía advirtiéndose hace más de un año, o año y medio. Se debieron haber cerrado con rigor todas estas captadoras hace varios meses, y no dejarles tomar el vuelo que alcanzaron. La administración también se equivocó en haber creído que con un proyecto de ley que aún se tramita en el Congreso era como iba a solucionar el problema. La captación masiva y habitual de ahorros del público sin autorización oficial está prohibida en nuestra legislación desde hace un cuarto de siglo (decreto 2920 de 1982). Es una conducta que está tipificada como delito desde entonces. El Gobierno debió aplicar con rigor la legislación que estaba vigente, en vez de ponerse a proponer una nueva ley que, con cambios más bien marginales, no hace otra cosa que prohibir lo que ya estaba prohibido desde hace 25 años.

8.- La Superfinanciera no tiene las manos amarradas ni carece de herramientas administrativas para actuar. El ex superintendente tiene razón en lo que ha dicho: que no es una autoridad judicial con capacidad de sancionar la comisión de eventuales delitos. Esa autoridad es la Fiscalía. Pero sí tiene facultades y responsabilidades para actuar en el campo administrativo y preventivo. O sea, cerrando cualquier captador pirata de ahorros públicos que abra negocio sin autorización oficial. Y pidiendo el concurso de las autoridades policivas y municipales cuando ello sea necesario para hacer cumplir sus órdenes.

9-10.- La responsabilidad política del alto Gobierno es evidente e inexcusable. La propia Constitución (artículo 189-numeral 24) señala que le corresponde al Presidente ejercer “la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público”. Además de la responsabilidad política –concepto que se ha venido desdibujando últimamente  en la vida pública del país–, no puedo dejar de mencionar la ingenuidad con que el Gobierno, fuera de la tardanza con que actuó, ha manejado este asunto.

Por ejemplo: según el periódico Portafolio, pocos días antes de que estallara la dramática crisis de las pirámides, el presidente Uribe declaró: “A los inversionistas internacionales tenemos que decirles… cualquier dólar que haya logrado escapar de esa pirámide de Wall Street… tráiganlo para acá, que aquí les queda seguro”. El estrepitoso derrumbe de las pirámides en Colombia no sólo deja mal heridos a miles de ahorradores, sino a la tan cacareada “seguridad inversionista”, que es una de las muletillas preferidas del Gobierno.

El Espectador 15/11/2008

El ex Superintendente Financiero, en entrevista con Yamid Amat, admite que “La situación es muy complicada” y que “DMG no está sometida a vigilancia”.

La entrevista la dio el viernes en la noche, antes de su retiro del cargo, y en ella explica la crisis generada por la expansión de la captación ilegal de ahorro público en el país.

Yamid Amat: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad suya?

César Prado Villegas: La Superintendencia Financiera tiene como misión esencial preservar el ahorro del público y la estabilidad del sistema financiero regulado. Tenemos la responsabilidad de supervisar cerca de 460 billones de pesos administrados por las instituciones financieras vigiladas, que corresponden al grueso del ahorro de toda la sociedad colombiana. Esa es nuestra misión esencial. Vigilamos cerca de 425 instituciones de la más variada naturaleza, incluyendo todos los establecimientos de crédito como los bancos, todo el sector de seguros, todo el sector de pensiones (público y privado), todo el sistema de valores y, como si ello fuera poco, supervisamos casas de cambio y otras instituciones.

¿No está dentro de sus funciones vigilar que no haya captación ilegal de ahorro?

Podemos imponer ciertas medidas cautelares que consisten en ordenar la suspensión de ese tipo de actividades y disponer la liquidación de esas operaciones. Esas son facultades administrativas que tienen que ser complementadas con las facultades de naturaleza penal que existen en cabeza de la Fiscalía y de la justicia penal en la medida en que la captación masiva y habitual no es sólo infracción administrativa, sino un delito.

Pero se ha acusando a la Superintendencia Financiera y a las autoridades de gobierno de no haber vigilado suficientemente…

Hemos hecho un esfuerzo descomunal, se ha conformado un equipo interinstitucional, hemos recibido información sobre cerca de 230 presuntos captadores en todo el país. Hay que comprender la complejidad que supone poder adelantar investigaciones sobre cada uno de esos casos.

¿Pero qué hizo, que ha hecho, la Superintendencia?

Hemos adelantado acciones administrativas pero tenemos que cumplir estrictamente la ley y eso supone que tenemos que soportar cualquier medida con toda la solidez legal y apoyada con pruebas.

Lo dice usted como si fuera absolutamente difícil, casi imposible, controlar que alguien ilegalmente capte ahorro del público…

Y lo es. Hemos practicado innumerables visitas a estos captadores para recoger de primera mano la información. ¿Qué encontramos?: no hay contabilidad, soportes contables, toda las transacciones se hacen en efectivo y, por tanto, no quedan registros documentales de las operaciones para dimensionar número de transacciones, monto de las operaciones, identificación de los clientes…

Pero todo lo que usted revela son hechos ilegales. ¿Por qué no las ha intervenido?

Porque tenemos que demostrar que el fenómeno de captación se ha producido, y para demostrarlo, son indispensables pruebas contundentes y válidamente recaudadas.

¿Quiere decir que no han encontrado nada ilegal?

Yo no he dicho que no hayamos encontrado evidencias de actividades ilegales. Lo que he dicho es que los procesos administrativos son complejos desde el punto de vista jurídico y suponen recoger todo ese material probatorio.

¿Pero si descubrieron evidencias, por qué no intervinieron?

En donde las descubrimos, actuamos. En el ultimo año, la Superintendencia ha intervenido en 4 de las más grandes captadoras ilegales que tiene el país: DMG, una entidad que se llama SuperServi, otra entidad que se llama Network, y otra, que ni siquiera es una persona jurídica, que es DRFE, que quiere decir ‘Dinero rápido, fácil, efectivo’.

¿DMG capta dinero?

Expedimos una resolución en septiembre del 2007 en la cual se estableció que DMG venía realizando actividad de captación ilegal de recursos del público y se ordenó el desmonte de esas operaciones. Esa resolución fue demandada ante el Consejo de Estado.

¿La resolución qué ordenaba?

La suspensión de la actividad y la devolución de todos los recursos captados. ¿Qué sucedió? Los propietarios crearon otra sociedad con nombre parecido: Grupo DMG Holding. Agregaron la palabra ‘Holding’. Jurídicamente hablando, es una sociedad diferente.

¿Pero DMG está captando o no ilegalmente dinero?

No puedo pronunciarme sobre actuaciones que están en este momento en investigación y sometidas a reserva…

¿Usted está vigilando a DMG?

No está sometida a vigilancia. Adelantamos actuaciones administrativas sobre captadores que no son técnicamente legales.

Entonces, ¿la está investigando?

Sí. Investigamos si bajo la nueva sociedad se puede configurar el fenómeno de captación como se estableció respecto a la otra. Si se llega a verificar, tomaremos las medidas que correspondan, incluyendo la liquidación de esa sociedad.

¿Están en riesgo las inversiones que la gente hace en DMG?

Permanentemente hemos advertido y prevenido a la comunidad sobre los riesgos enormes que corren sus ahorros, cuando ellos no son llevados al sistema financiero formal que tiene todas las protecciones propias del sistema financiero regulado.

¿Las operaciones de DMG son ilegales?

No se lo puedo decir hasta que concluyan las investigaciones.

¿Y si la crisis estalla y lo acusan de ser responsable por no haber advertido?

Tenemos la convicción de que actuamos en derecho, con la celeridad que podemos, teniendo en cuenta las limitaciones que existen para adelantar estas acciones y hemos prestado todo nuestro concurso a las demás autoridades.

Insisto: ¿están en riesgo esos dineros?

Los dineros que se llevan a empresas o entidades que no tengan licencia estatal para recibir recursos del público están en riesgo…

Sobre DMG, ¿no han descubierto nada?

No puedo decir que no se ha descubierto nada; hay evidencias que se están evaluando y abundante material probatorio que se está revisando.

¿Evidencias de qué?

No puedo dar información sobre el estado de las investigaciones. Son reservadas.

¿Pero habrá una decisión pronto sobre esta compañía…?

Esperamos que sí. La Fiscalía lo ha dicho.

¿Los dineros que la gente perdió en las ‘pirámides’ los recuperarán?

Eso dependerá del patrimonio y de los activos que puedan respaldar estas obligaciones. No existe ningún mecanismo formal público de apoyo, porque son actividades hechas al margen de la ley, por fuera del sistema financiero.

¿Si yo deposité dinero en una ‘pirámide’, y la ‘pirámide’ quebró, usted me responde?

Por supuesto que no. No es jurídicamente posible para la Superintendencia atender ese tipo de reclamaciones.

¿A la Superintendencia no le cabe ningún tipo de responsabilidad?

La Superintendencia no responde por los pasivos de las instituciones sometidas a su vigilancia. Mucho menos, por las no sometidas. Vela por preservar la estabilidad del sistema, la confianza en él y la protección del ahorro.

¿Quienes invirtieron sus ahorros en pirámides, los perdieron?

Si mañana se pone un puesto de garaje en un municipio remoto y desaparece en cuestión de semanas y se roban dinero, la Superintendencia, el Gobierno o el Estado no pueden responder. Esa es una pretensión exorbitante.

Uno de los captadores ilegales en la ciudad de Pasto, al huir, dejó un aviso que decía: “Eso les pasa por ‘giles’ “. ¿Qué opina?

Hay que lamentar el hecho de que no solamente roban a la gente, sino que se burlan de ella. Hay una mezcla de gran ingenuidad y de enorme codicia. La gente sabe los riesgos que corre, pero los asume y siguen jugando con los rendimientos que han ganado. Entre las dificultades que hemos enfrentado para atender con celeridad estos casos una muy importante es que la sociedad no colabora y se opone a la intervención…

¿No colabora en qué?

Dando declaraciones formales para que nosotros podamos descifrar el modus operandi de las operaciones y no tengamos que recurrir únicamente a la evidencia documental que es precaria.

¿Es una especie de complicidad?

Los que están depositando sienten que están siendo beneficiados de esa actividad y que cualquier intervención de la autoridad los va a afectar, entonces no colaboran. Pero el día en que ocurre la catástrofe y pierden su dinero al primero que van a reclamarle es al Gobierno. Ahí hay un fenómeno social muy complejo y una doble moral totalmente reprochable. ¿Cómo hago para saber que acaban de poner una ‘pirámide’ aquí en Bogotá si no me lo dicen?

¿Por qué cree que ocurre ese fenómeno?

Le están vendiendo falsas ilusiones a la gente y, por incauta, ingenua, por falta de educación, por negligencia, por la suma de todas esas cosas, muchos están llevando los ahorros de toda una vida, se está endeudando, está liquidando sus activos más valiosos para entregárselos a unos empresarios que no tienen ningún respaldo para responder por esas obligaciones…

El tema de las pirámides es grave. ¿No será más grave la crisis cuando estalle el tema de DMG?

Sé que es un tema de gran inquietud para la ciudadanía, pero quisiera también hablar sobre la manera como la Superintendencia ha logrado preservar la estabilidad del sistema, en un momento en que el mundo está sufriendo la peor crisis financiera de los últimos 80 años…

Pero es que el tema de pirámides y DMG es sumamente grave…

Es un problema de una magnitud enorme y se volvió un verdadero problema de Estado, pero creo que la opinión también tiene interés en saber qué le está pasando al sistema financiero colombiano en la mitad de la crisis…

¿Es que corren algún riesgo los ahorros en el sistema regular?

Ninguno. Estamos viviendo la peor crisis financiera en los últimos 80 años, sin precedentes de ninguna naturaleza; esa es la pregunta que un país normal le haría a un supervisor financiero.

Pero usted dice que no corremos riegos…

En ahorros, no.

Mientras hay muchísimos colombianos que tienen hoy en riesgo su dinero (y ese es un fenómeno que como periodista me preocupa) y usted me pide preguntarle por los dineros que no tienen riesgo… ¿No le parece, por lo menos, curioso?

No estoy subestimando el problema: es de una magnitud gigantesca. Pero la crisis internacional es de tal magnitud, que sería impensable suponer que eso no va a tener un impacto en la economía colombiana. Habrá contracción de la demanda internacional, que puede conducir a que las exportaciones de Colombia caigan en forma importante.

Le presento excusas, pero es como si explota el volcán del nevado del Ruiz y usted me pide que le pregunte por la estabilidad de los demás volcanes…

Yo no estoy hablando de teorías. Le estoy hablando de una cosa que está ocurriendo todos los días: las bolsas están cayendo en promedio el 5 por ciento, las principales compañías del mundo están en dificultades, al borde de la bancarrota, los apoyos de los gobiernos a sus economías no tienen precedentes por sus alcance ni su cuantía; yo no le estoy hablando en teoría sobre lo que posiblemente aquí pueda ocurrir; le estoy hablando de lo que está ocurriendo en la realidad.

Le insisto: ¿está Colombia en riesgo de que la captación legal peligre?

No, no lo está. Pero es que eso no es irrelevante. Excúseme. Es que es muy importante también que la ciudadanía que tiene 460 billones de pesos, colocados en el sistema financiero regulado, sepa que está bien guardado en esas instituciones. No sé por qué a ustedes los periodistas sólo les llama la atención lo malo.

Primero, lo que usted llama “malo” no fue creado por los periodistas. Segundo, la advertencia que hace de la crisis mundial, que puede contaminar a Colombia, no es, precisamente, una noticia “buena”…

Lo que afirmo es que nadie puede suponer que Colombia va a salir indemne. El propio Gobierno, todas las autoridades han modificado sus estimaciones de crecimiento para el año entrante a la baja…

¿Qué le puede pasar a la economía en su conjunto y al sistema financiero en particular con lo que está ocurriendo a nivel global?

Los niveles de solvencia, de provisiones, son suficientes para resistir choques externos. La situación de Colombia es de relativa solidez y, de hecho, el comportamiento que ha tenido el mercado en Colombia ha sido muchísimo mejor que el observado en la mayoría de países de la región y del mundo, pero yo no puedo tampoco ser irresponsable y decir que la Superintendencia puede garantizar que no pueda pasar algo…

El presidente Uribe dijo en un reportaje radial en ‘La W’ que si él fuera Superintendente Financiero hubiera actuado de manera diferente y con mayor celeridad. ¿Qué opina?

Yo comprendo la preocupación del Presidente por lo que ha pasado y él exige siempre resultados a sus funcionarios. Sin embargo, entiendo que la apreciación del Presidente no contiene una descalificación de mi gestión. Yo ejerzo funciones delegadas directamente por el Presidente y, como es apenas natural, mi cargo está permanentemente a su disposición.

¿En qué consistió el enfrentamiento que tuvo usted el viernes anterior con el Ministro de Hacienda y el Fiscal General?

No hemos querido entrar en una polémica con el señor Fiscal. Flaco favor se le hace a esta causa cuando las autoridades se ponen a discutir sobre sus actuaciones. Lo que hemos dicho es que la captación ilegal de dineros del público es una conducta que tiene consecuencias jurídicas, tanto en la esfera penal, como en la administrativa y, en esa medida, se ha pedido que la Fiscalía actúe en lo de su competencia. Además, en algunos casos en los cuales se tiene evidencia de que la captación estaría siendo empleada como una fachada para la comisión de otros delitos, como el lavado de activos, se ha definido interinstitucionalmente que la prioridad no sea la actividad administrativa, sino la actuación penal.

¿No amaneceremos mañana con la noticia de su renuncia?

A pesar de las dificultades, “mañana también amanece”.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO