Colombia: “Conmoción interior está plenamente justificada”


Por considerarlo de interés para nuestras lectoras y nuestros lectores reproducimos, con fines académicos y didácticos, (los enlaces y notas son nuestros), el artículo publicado por el ex constituyente y ex ministro del Interior Humberto de la Calle Lombana en la Revista Cambio 798 octubre 2008.

“Plenamente justificada por los hechos la decisión del Gobierno de decretar la Conmoción Interior para solucionar el paro de la rama judicial. En efecto, la severa alteración del orden institucional que ha generado esta larga parálisis, produce desarreglos protuberantes en la prestación de un servicio público esencial. El primero de ellos, por encima de los demás. El que dio nacimiento a la idea del Estado. No importa que no tuviéramos petardos en las calles ni pedreas en las plazas públicas. El hecho es que cientos de miles de personas vieron gravemente afectados sus derechos fundamentales por razón de un paro cuya prolongación es altamente perniciosa para la estabilidad institucional.

Se ha hablado de más de 36.000 tutelas represadas, muchísimas de ellas relacionadas con derechos ligados a necesidades esenciales de la persona humana. Enfermos crónicos que solo obtienen sus medicamentos si presentan una decisión judicial, ciudadanos que esperan el reconocimiento de una pensión de vejez, personas que pretenden a través de la tutela evitar graves perjuicios a su honra, al debido proceso y un amplio elenco de derechos sociales.

En el campo del derecho de familia, se sabe de muchísimos hogares que esperan cuotas alimentarias. Cuántas personas pobres han visto menoscabados sus derechos porque no terminan procesos iniciados hace años. Lo mismo ocurre en materia laboral. Y, por fin, en el delicado terreno de la Justicia Penal, se informa de criminales peligrosos a punto de evadir la acción de la Justicia. Peor aún. Muchos más, cientos de ciudadanos anónimos,  permanecen en la cárcel viendo cómo se postergan las decisiones que les conciernen.

Todo ello encaja en el artículo 213 de la Constitución, diseñado para brindar instrumentos especiales al Gobierno, entre ellos la suspensión de determinadas normas legales para reemplazarlas por decretos de emergencia, cuando las atribuciones ordinarias no han sido eficaces. Más de cinco semanas muestran que estamos en presencia de los hechos que la Constitución describe. Es cierto que no se ha usado mucho la Conmoción para estos acontecimientos, pero también es pertinente recordar que en el gobierno de César Gaviria se apeló a este remedio, ante la inminente salida de presos; y que fue declarado constitucional.

El paro de la Justicia no es una discusión cualquiera entre un patrono y un sindicato sobre la forma de repartir las ganancias de un negocio lucrativo. El paro de la Justicia toca fibras mucho más sensibles de la sociedad. Es cierto que los funcionarios judiciales tienen derechos legalmente reconocidos y que no se han podido llevar a la práctica. Es cierto que esto debe ser resuelto, dentro de un esquema de responsabilidad fiscal como el que ha pregonado el Gobierno. Es indispensable que continúe la discusión con Asonal.

Pero los derechos esenciales de la población, que tienen que ver con la supervivencia, la salud y la libertad, deben prevalecer sobre la legítima aspiración de los funcionarios a discutir sus condiciones laborales. Cuando la huelga llega a afectar la economía nacional, es posible convocar un Tribunal de Arbitramento para que decida el conflicto.

¿Huelga o paro ilegítimo?

El paro de la Justicia no es una huelga. Hay funcionarios públicos que no pueden paralizar sus actividades. El que la huelga se haya extendido legalmente a los servicios públicos, no quiere decir que todo aquel sujeto a una relación de trabajo está en capacidad jurídica de acogerse a sus beneficios. Tal es el caso de la mayoría de los servidores que pertenecen a la rama judicial.

Todo esto nos lleva a señalar que, pese a la gravedad del mecanismo empleado, el Gobierno no podía permanecer con los brazos cruzados esperando el desmoronamiento de la Justicia. Ya en estas cinco semanas llegamos a pensar que la indiferencia de la sociedad frente a esta parálisis era un muy mal síntoma del poco aprecio que merece la Justicia. Rama judicial de quien dijo Fernando Uribe, a raíz de la calamidad de la toma del Palacio de Justicia, que era precisamente la rama seca del poder.

Algunos voceros sindicales han argumentado que no es civilizado develar una huelga mediante la Conmoción Interior. Y agregan que sufrirá el prestigio del país y que se sienten agredidos por el Gobierno. En verdad, no estábamos en presencia de una huelga regularmente conducida, sino de un paro ilegítimo. Mayor desprestigio causa en el extranjero, saber de un país en el que sus jueces presionan sus salarios dejando de cumplir deberes sagrados con la comunidad.

Y, en cuanto a la agresión, ¿qué decir del menoscabo sufrido por la libertad de los presos, por la seguridad de los asociados y por la salud y el mínimo vital de muchos ciudadanos? ¿No es esa una agresión previa, precisamente frente a ciudadanos inermes que acuden a la Justicia? La Conmoción no busca agredir, sino superar la agresión. No hay indicio razonable que permita asegurar que el Gobierno va a utilizarla para conculcar las libertades civiles.

Pero de aquí en adelante, han aparecido síntomas nada tranquilizadores.  Algún periódico informó que en el Gobierno veían la Conmoción como una gran oportunidad de poner en práctica reformas a fondo en la Justicia.

De hecho, algunas informaciones sobre las medidas adoptadas o que se piensan adoptar, carecen del carácter transitorio que la Constitución exige. Si ello es cierto, el Gobierno corre el peligro de descarrilarse. Una cosa es adoptar medidas provisionales, circunscritas religiosamente a la necesidad de superar la emergencia; y otra la de caer en la tentación de echar mano de decretos legislativos para incidir en la organización permanente de la Justicia, sin amplia discusión ciudadana y dejando de lado el papel legislativo del Congreso que es imprescindible. Si ese es el camino, ahí sí se estaría creando la sensación de que el Gobierno desborda sus límites constitucionales.

Por fin,  ¿no aconsejan todos estos difíciles momentos, que es necesario revivir el Ministerio de Justicia?

Por Humberto de la Calle, ex ministro del Interior. 

Fuente: Revista Cambio 798 octubre 2008