Salud: a barajar y repartir de nuevo


Por considerarlo de importancia para nuestros lectores, reproducimos el editorial del periódico El Tiempo, respecto a la sentencia T-760 de 2008.  (Ver comunicado de Prensa de la Corte Constitucional)

“Nunca antes como ahora, y por cuenta de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, divulgada en días pasados, el sistema de salud había tenido la oportunidad de retomar el rumbo perdido casi desde su creación, hace 15 años.

Al reconocer que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos, el alto tribunal buscó, literalmente, ponerle un ‘hasta aquí’ al desorden del sector y exigirles a sus autoridades adoptar, dentro de un cronograma definido por este, las acciones que sean del caso para empezar a remediar efectivamente sus problemas.

Y es que la Corte no solo basó su decisión en la marea de acciones de tutela (cerca de 90.000 al año) que los colombianos interponen para reclamar servicios de salud; también tuvo en cuenta la inequidad manifiesta en la existencia de cinco planes de beneficios (o POS), estructurados a partir de la capacidad de pago de los afiliados; el incumplimiento de las metas de cobertura universal, que hoy mantienen a millones de personas sin servicio; la preocupante situación financiera de algunas EPS y hospitales, y las graves fallas que, en materia de gobernabilidad, inspección, vigilancia y control, han mostrado las instituciones a cargo del manejo del sistema.

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La decisión debe ser analizada con cabeza fría y abordada con mesura, pues con ella la Corte no buscó abrir la puerta al acceso ilimitado a los servicios de salud, como algunos se han aventurado a interpretar, sino a garantizar que estos sean los mismos para todos y prestados en forma realista, ordenada, con calidad y respetuosa del derecho de los ciudadanos.

Lograrlo es todo un reto, porque requiere que se apliquen en corto tiempo acciones largamente reclamadas para remediar los males estructurales del sector.

Uno de ellos es el contenido del POS; su diseño inicial careció de rigor técnico y no se soportó en perfiles de morbimortalidad, que en el país tienen un atraso de más de diez años. Dado que estos planes no se fundan en el principio de integralidad (tratamientos completos para cada problema de salud) y tampoco reflejan a cabalidad la situación de salud del país, miles de personas se han visto obligadas a acudir a la acción de tutela.

Dar cumplimiento a la sentencia exige que el sistema, a través de la Comisión de Regulación en Salud, redefina en forma técnica y responsable el contenido y el tamaño del POS y evalúe sus costos.
Aquí vale recordar que otro dilema se relaciona con el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), o dinero que el sistema reconoce cada año para asegurar la salud de cada ciudadano. Su cálculo también adoleció de vacíos técnicos y su ajuste se ha hecho de acuerdo con el crecimiento de la economía; aun así no se tiene certeza de si su valor es o no suficiente para asegurar a cada persona.

Otro aspecto que urge remediar son los vacíos normativos y las fallas en la regulación; ambas cosas dieron origen a zonas grises a cuyo amparo todos los actores del sistema, incluidos EPS, hospitales y entes territoriales, han hecho sus propias interpretaciones y obrado en consecuencia.

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Infortunadamente, la fragilidad y la falta de capacidad técnica del Ministerio de la Protección Social le han impedido corregir las distorsiones de un sistema en el que los intereses económicos priman sobre la promoción, la prevención y la búsqueda del bienestar colectivo. Por eso, preocupa que, en sus primeras reacciones a la sentencia, el Ministerio se refiera primariamente al tema económico y diga que se necesitan seis billones de pesos más al año para unificar los planes de beneficios.

Ya se insinúa, de hecho, que para obtenerlos habría que aumentar las cotizaciones de los ciudadanos y cobrarles más impuestos.

Es cierto que el sector no cuenta con un monto ideal de recursos, pero sí tiene bastantes. Antes de lanzar nuevas cifras hay que aclarar varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los recursos se invierten efectivamente en atender a la gente?  ¿Cuánto se queda en manos de los intermediarios? ¿Cuánto se ha usado para costear una salud individualizada obtenida vía tutela?  ¿Qué monto de los dineros de la salud mantiene el Estado ahorrado en TES? ¿Cuánto de estos recursos se pierde por corrupción en los municipios?

También es pertinente recordar que, en medio del conflicto, un número incontable de dineros de la salud girados a los municipios se quedaron en manos de grupos armados ilegales, que los convirtieron en su caja menor, y que el Estado debería estudiar la posibilidad de convertirse en parte dentro del proceso de Justicia y Paz e iniciar el reclamo de esos fondos, que son de los colombianos.

Más allá de las quejas y los diagnósticos sombríos, la decisión de la Corte plantea la oportunidad de que esta sea asumida por Gobierno, aseguradores, prestadores y ciudadanos, como el momento de enderezar el curso del sector y convertirlo, a 15 años de creado, en un sistema en el que prevalezcan la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; en el que el desempeño de los hospitales no se mida por el número de enfermos atendidos, sino por la evolución del bienestar de sus usuarios; en el que las tutelas sean la excepción y no la norma, y en el que el rendimiento económico no sea en menoscabo de la dignidad de las personas. “

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eltiempo.com

  • Sentencia T-760-2008 (son 411 páginas. El archivo se fraccionó para más fácil descarga)
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