El Delito Político


Reproducimos, por interés académico y público, sin permiso previo del periódico ni del autor, la columna de opinión del Dr. Carlos Gaviria Díaz, publicada en El Tiempo el 18 de agosto de 2007 sobre el delito político

Igualmente, la acalorada discusión que se dió entre el autor del artículo y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, previo a una entrevista en el noticiero CM& del 29 de octubre de 2007, y un análisis que sobre este artículo realiza el senador Rafael Pardo Rueda

“UNA CONTRADICCIÓN OFICIAL: El gobierno Uribe y el delito político

El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios.

El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo.

Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.

Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos. Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.

No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la ‘naturaleza divina del gobernante’ y el derecho divino de los reyes. Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica ‘legislativa’ y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en ‘otro mundo’ (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva. Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).

El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal. Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado.

Juzguen los lectores. Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos.

En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.”

Carlos Gaviria Díaz

Polémica entre Carlos Gaviria Díaz y Luis Carlos Restrepo CM&.

“El Tiempo, Octubre 31 de 2007

¿Abolir o no el delito político? Rafael Pardo Rueda

Opiniones coyunturales no pueden ser motivos para cambiar la Constitución.

La pelea entre Carlos Gaviria y el Comisionado de Paz por el delito político es muy relevante, tanto por el significado del debate mismo, como por sus efectos prácticos en el tema de la pacificación.

El Gobierno cuestionó la publicación de una columna de Gaviria en un medio de Internet de las Farc, asunto fuera del alcance de este y que hace que el debate se tiña de sospechas por surgir el día siguiente del triunfo del Polo en Bogotá. Pero, más allá de lo anecdótico, es un tema relevante.

Empecemos por el contenido del escrito de Gaviria, que es una argumentación histórica y teórica en favor de la aplicación de la condición de delincuente político a quienes se alzan contra el Estado. Discutible, pero respetable. Plantea asuntos sobre los que no hay acuerdo, como el de si un delito con motivación política debe castigarse con penas más leves o más fuertes para quienes cometen los mismos delitos sin esta motivación.

Pero voceros del Gobierno han llevado la discusión al debate de si se justifica o no la rebelión, o si ‘paras’ y guerrillas merecen el mismo tratamiento.

El que exista en la Constitución el delito político no es una invitación, ni mucho menos una justificación, ni a la rebelión ni al alzamiento contra un gobierno legítimo. El Gobierno usa el sofisma de que, como no hay condiciones para la rebelión, entonces debe quitarse el delito político de la Constitución. Hoy puede ser injustificable la rebelión, dicen sus voceros, pero antes, durante el Frente Nacional, también lo era, digo yo con mucho respeto.

Pero, a más de la controversia llamémosla teórica, hay dos asuntos prácticos. Uno es que, de acuerdo con la Constitución, el delito político se puede perdonar por decisión política. Un segundo tema es el alcance de este delito. Es decir, qué conductas se incluyen y cuáles se excluyen de él. Es delito político rebelarse contra el Estado. Pero si para ello se portan armas, se roba un banco, se asesina al portero del banco o a un parroquiano que pasa por la esquina, ¿serán estos delito conexos y, por tanto, susceptibles de ser perdonados?

En las normas se excluyen, desde hace décadas, de la conexidad con el delito político y, en consecuencia, de su eventual perdón, el terrorismo, los delitos atroces y el homicidio fuera de combate. En 1993 se excluyó cualquier tipo de secuestro. En la Convención de Viena, el narcotráfico. En sentencia de la Corte Constitucional de 1997 se excluyó el homicidio. Y en el Tratado de Roma, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo tanto, si miembros de grupos rebeldes cometen estos crímenes, no podrán ser amnistiados por ellos. O tampoco lo será un integrante de un grupo rebelde que viola a una menor. El delito político hoy, y no por las condiciones recientes de nuestra democracia, sino por normas sucesivas, tiene un alcance mucho menor que antes. Cada vez menos conductas de los integrantes de grupos rebeldes son susceptibles de ser perdonadas si hubiere paz. Pero de ahí a eliminarlo de la Constitución hay un largo trecho.

Las opiniones coyunturales no pueden ser las motivaciones para modificar la Constitución. El Gobierno no está obligado a aplicar amnistías o indultos, ni el Congreso a aprobarlas. Si aquel considera que los rebeldes no merecen indulto en las condiciones de la ley actual, pues no debe solicitarlo al Congreso.

Lo que pasa es que el Gobierno, que reclama un necesario debate sobre el alcance del delito político, en lugar de formular una propuesta teóricamente sólida, va andando a la bulla de los cocos. Un día dice que los ‘paras’ son delincuentes políticos, otro día saca a los peores guerrilleros de la cárcel sin mayor justificación. Un día sostiene que los guerrilleros no pueden ser indultados y ayer dijo que el concierto para delinquir de los ‘paras’ debe convertirse en delito político para indultarlos.”

Rafael Pardo Rueda