Derechos de la Oposición


En Colombia, como en muchas otras democracias, el proceso para el reconocimiento de los derechos de la oposición no han sido sencillos ni pasivos. El derecho a la oposición es elemento característicos de las democracias contemporáneas, reconocido luego de la lucha contra la autocracia y la exclusión política. Es un triunfo, podríamos decir, de la razón. Es reconocer el derecho a pensar diferente, el derecho a disentir.

El consenso, producto del diálogo racional y el convencimiento del otro mediante argumentos racionales, tiene en el disenso su contraparte lógica.

No siempre las mayorías tienen la razón, como tampoco es cierto que el ejercicio del poder por las minorías más ilustradas o preparadas garanticen el mejor gobierno. El ejercicio del poder político por una minoría excluyente, conlleva necesariamente la búsqueda de las mayorías de mecanismos que les permita acceder al poder. Igual sucede con las minorías que pretendiendo convertirse en mayorías apelan a diversos métodos y procedimientos para acceder al poder. El reconocimiento de las minorías por parte del Estado democrático, en especial en aquellos que tradicionalmente han sido bipartidistas, es un avance significativo para la construcción de las sociedades.

En Colombia, el reconocimiento de la oposición es un derecho de reciente adopción en la Constitución de 1991. Esto ha permitido que, un partido tradicional como el Liberal y otro naciente como el Polo Democrático Alternativo (P.D.A) puedan ejercer la oposición en Colombia en un período de hegemonía de una organización heterogénea como el denominado “Uribismo”.

 

El Capítulo III del Título IV está dedicado al Estato de la Oposición.

 

ARTICULO 112. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

 

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. (Ley 130 de 1994)”