¿Hasta dónde debe llegar la libertad de opinión?


Mayo 10 de 2007

¿Hasta dónde debe llegar la libertad de opinión?

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Foto: Javier Agudelo/ Archivo EL TIEMPO de prensa escrita en Medellín: elemento indispensable en la formación de la opinión.

¿Quién ronda al alcalde? ¿son los periodistas “excesivamente poderosos”?

Se está generalizando la creencia de que libertad de opinión es absoluta. Un magistrado, un abogado y una periodista opinan sobre límites, tropiezos y abusos del derecho a la libre expresión.

Vuelve y juega la polémica en torno a la libertad de opinión, dados los recientes casos de la periodista Salud Hernández-Mora frente al magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo y de Daniel Samper Pizano frente a participantes en los foros de eltiempo.com

Según los puntos de vista de tres especialistas: el magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, la periodista Cecilia Orozco y el abogado Guillermo Puyana Ramos, el derecho de opinión pertenece al ámbito de la conciencia del opinante y está amparado por la Constitución.

Cosa muy diferente la constituyen las opiniones en que el columnista introduce informaciones relativas a hechos, que sería el caso de la tutela interpuesta por Jaime Araújo contra Salud Hernández, fallada a favor del primero. El juez le ordena a la columnista rectificar su afirmación según la cual si ella tuviera que apostar por alguien como el autor de un anónimo enviado a la Corte en el que se afirmaría que el magistrado Rodrigo Escobar se habría reunido con las Auc para que liberaran a su novia, secuestrada tiempo atrás, apostaría por Jaime Araújo.

Pero el Tribunal Superior de Bogotá ha revocado el fallo sobre la tutela mencionada. Cabe preguntar: ¿por qué esa actitud desafiante de la periodista? No veo otra explicación diferente a la de que nadie se imagina a Salud Hernández tras las rejas. Ella es consciente de que eso no va a ocurrir por tres razones: es periodista, es mujer y tiene doble nacionalidad.

Se palpa ahora en el ambiente una cierta desconfianza en la relación entre periodistas y jueces, la cual atribuimos a la manera como los administradores de justicia se resienten de los desacatos de aquellos a sus fallos. Esto debería llamar la atención.

Hay un tema cultural que aparentemente no tiene relación directa con el derecho de opinión y que, sin embargo, está vinculado, en nuestro criterio, con un patrón de comportamiento no exclusivo pero sí sobresaliente en los colombianos (sean o no periodistas) y es su particular manera de ‘disparar’ acusaciones con una ligereza extraordinaria, pasando por encima de parámetros de ética y buen juicio.

No existe una instancia que le permita a la sociedad civil mediar en estos pleitos, que suelen enfrentar a ciudadanos con columnistas y con otro tipo de comentaristas. Tal vez lo que haga falta sea un tribunal ético o algo así, una instancia de notables que, carente de la facultad de penalizar la difamación, pueda emitir, sin embargo, juicios ejemplarizantes.

¿Cómo conciliar libertad de opinión con responsabilidad y ética en el ejercicio de opinar por parte de los columnistas?

 

Cepeda: La libertad de opinión está ampliamente protegida por la Constitución. Las opiniones, por ser críticas, molestas o incluso chocantes, no dejan de estar protegidas por la Carta. En cuanto a los criterios éticos, estos son los propios del columnista y no los que le sean impuestos externamente. El límite está en respetar los derechos de los demás, en especial la honra y la intimidad. Estos límites implican responsabilidades posteriores, porque los controles previos están proscritos.

Orozco: Se está generalizando la creencia de que la libertad de opinión es un derecho absoluto. Algunos columnistas nunca aceptan que se equivocan -aun cuando haya sentencias- y jamás rectifican porque se sienten por encima de las órdenes judiciales. Adoptan una actitud clasista, algo así como “¿Quién es este pobre juez para sancionarme a mí?”. Un comentarista está obligado, antes de lanzar acusaciones, a investigar, verificar, confrontar con varias fuentes, sobre todo si quien lo informa tiene intereses en el tema. Se trata de ejercer el derecho de opinar respetando los derechos de los demás. Si siempre prevaleciera el derecho de opinión, estaríamos frente a una dictadura de la difamación.

Puyana: Una opinión libre no puede conciliar con nada distinto que la propia conciencia del columnista. Opinar es expresar la intimidad de la conciencia política, moral o religiosa de quien opina, así no se ajuste a los valores de otros.

Algunos columnistas -hay excepciones- se sienten dueños de un fuero tal que es como si se hallaran más allá del alcance de los jueces.

¿Comparte esta opinión?

Cepeda: No me corresponde calificar genéricamente a los columnistas. Creo que los lectores, cada vez más, saben distinguir. La libertad de prensa ocupa una posición preferente en nuestra democracia. Esta se protege en beneficio de los ciudadanos y en aras de crear un espacio propicio para el flujo amplio y desinhibido de opiniones, de lo cual depende la vigencia del pluralismo. La legislación penal colombiana es más protectora de la libertad de opinión que la de otros países latinoamericanos. En Colombia no se prevé la injuria ni la calumnia contra las instituciones públicas, solo contra las personas naturales. También se permite la retractación de quien ofendió con su palabra, sin que se requiera que el ofendido acepte la retractación.

Orozco: No se puede generalizar, pero hay casos notorios. Ciertos comentaristas se dan el lujo de desacatar a los jueces con una tranquilidad que asombra. Se supone que por tener el privilegio de criticar a los demás, los columnistas son los ciudadanos más respetuosos y cumplidores de la ley y de la Constitución. No dudo de que los pecados de la soberbia y la vanidad pueden llevar a cualquiera de estos personajes a fingirse víctima de una supuesta censura para esconder sus faltas.

Puyana: Es la Constitución la que pone la opinión y la conciencia por fuera del alcance de los jueces, por eso dice que son inviolables. Los jueces pueden valorar la verdad o falsedad de los hechos, que el columnista debe verificar como cualquier información y si se equivoca debe rectificar. Un columnista prueba su ética y su responsabilidad con dos cosas: su capacidad de rectificar los hechos cuando se equivoca y su autocontrol frente a las decisiones judiciales adversas. Pretender eludir las consecuencias de un error en los hechos, convirtiendo la derrota judicial en un desafío público a la justicia y hacer del desacato a la autoridad del juez una bandera, no tiene nada que ver con la libertad de opinión.

¿Cómo se compara el caso colombiano con los de opinantes mediáticos en E.U., países europeos y latinoamericanos?

Cepeda: La cuestión no sólo varía por países, sino entre los medios de cada país. Hay tendencias generales distintas. En E.U. tiende a prevalecer la libertad de expresión. Se invierte la carga de la prueba en beneficio del columnista, de tal forma que éste no tiene que demostrar la verdad de lo que afirmó, sino que le corresponde al afectado probar que lo dicho no es cierto y que el periodista sabía que era mentira. En Europa la tendencia es a valorar más la honra y la intimidad. En Latinoamérica se ha llegado incluso a establecer por ley la prohibición de criticar autoridades mediante reglas que califican esas críticas como desacato. La Corte Interamericana concluyó que estas leyes violan la libertad de expresión.

Orozco: En E.U. la situación de la prensa y con ella la de los columnistas, ha llegado a un extremo peligroso de control después del 11 de septiembre. La exigencia de revelar las fuentes es inaceptable. Pero ojo: una cosa es no revelar la identidad de la fuente y otra, escudarse en el secreto profesional para no admitir que se publicaron afirmaciones falsas o que se afectaron sin pruebas el buen nombre y la honra de alguien. Cuando un periodista afirma algo públicamente, se hace responsable y autor de lo dicho, así sea con base en lo que otro aseguró. En cuanto a los países europeos, en particular los nórdicos, se aterrarían los periodistas colombianos del nivel de exigencia ética y jurídica y de los códigos que rigen a los profesionales de la comunicación en esas naciones.

Puyana: Como la opinión pura es casi inexistente, en todas partes los columnistas pueden errar en la verificación de los datos sobre los que sustentan sus opiniones. Lo que he visto de casos recientes son esas equivocaciones en la sustentación de los hechos sobre los que los columnistas basan opiniones críticas negativas y está bien que por esos errores se expongan a consecuencias jurídicas.

Y en cuanto a los medios periodísticos que sirven de anfitriones a esos columnistas, ¿cuál cree que debe ser su actitud cuando un juez ordena su retractación?

Cepeda: La Corte ya profirió una sentencia por medio de la cual los medios de comunicación no son responsables de la veracidad de las afirmaciones sobre hechos que sustentan las opiniones de sus columnistas.

Orozco: Los medios tienen la tendencia de no rectificar, casi con tanta obstinación como los periodistas. Ellos, al igual que la sociedad que critican, perdieron el sentido de la generosidad, la tolerancia y la caballerosidad. Cuando un columnista se mete en líos, normalmente los medios donde opinan se desentienden del problema y su actitud es la del que dice “eso no es conmigo”. Los directivos del medio, cualquiera que sea, deberían tomar su propia posición, bien sea para confrontar a su columnista en privado e inducirlo a rectificar, o bien para separarse públicamente de su actitud. Finalmente, los medios son el espejo donde los ciudadanos se miran y si aquellos no son respetuosos de la ley, ¿qué les pueden exigir a estos?

Puyana: La Corte Constitucional ya definió el punto: la rectificación es un problema de quien opina y no de los medios, y la mera temeridad no es suficiente para ordenar una rectificación. Otra cosa es la difamación.

Hoy es común que los medios vía Internet acojan insultos y calumnias de comentaristas anónimos. ¿Hay formas de filtrar esto sin que se atropelle la libertad de opinión?

Cepeda: Cada medio puede hacerlo. Existen mecanismos técnicos para lograrlo en los foros administrados por los periódicos. Es más difícil en los sitios abiertos de la red. La credibilidad de una opinión está asociada a quien la emite, donde la emite y cómo la emite. Los insultos anónimos en la red tienen poca credibilidad.

Puyana. Veo con preocupación la proliferación de la difamación bajo diferentes máscaras: anónimos, denuncias sin verificación, foros abiertos, etc. De seguir esto así, habrá una revisión constitucional gracias a la ausencia de controles de los propios medios, que teniendo la posibilidad de no divulgar una difamación deciden hacerlo con la excusa falsa de que si se abstienen violan la libertad de opinión y que lo que hacen es estimular el “sano” debate.

Magistrado Cepeda: ¿en una columna de opinión, cuando se mencionan hechos, existe un límite de veracidad respecto de la información contenida allí?

Cepeda: La Corte, en la sentencia de tutela SU-1721 de 2000, dijo que el que una información sobre hechos esté en una columna no la hace inmune al requisito de que sea verdadera. La opinión es libre, pero la información es sagrada. De tal forma que la rectificación puede versar exclusivamente sobre afirmaciones relativas a hechos, no sobre opiniones respecto de esos hechos.

Finalmente, una pregunta para Cecilia Orozco: ¿Por qué siendo usted periodista parece tan dura con sus colegas?

Orozco: Porque mi posición, más que jurídica, es ética, y porque estoy convencida, habiendo estado en el lado de los medios y después en el de las audiencias, de que hay un desequilibrio en los derechos: los medios y sus representantes, los periodistas, son excesivamente poderosos. Y los receptores de sus noticias están con mucha frecuencia inermes frente a ese poder.

Por Enrique Posada Cano, director del Observatorio Virtual Asia Pacífico de la Universidad Tadeo Lozano.