Colombia: Veedurías Ciudadanas


Reproducimos la investigación del periodista Norbey Quevedo H, publicada en Periódico El Espectador (Colombia), sobre las Veedurías Ciudadanas en Colombia, que consta de tres (3) entregas. (A la fecha de actualización de este blog -2/05/2008-, los artículos ya no están disponibles en la fuente original).

La Fundación Avina

La Fundación Avina es una red de líderes de la sociedad civil y del sector empresarial a nivel internacional que comenzó operaciones en 1994 con el propósito de impulsar iniciativas para el desarrollo sostenible en Iberoamérica.

Actualmente desarrolla actividades en 19 oficinas en Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Panamá y Perú.

En desarrollo de su política de diversificación de apoyo a diversos sectores, en mayo de 2006 lanzó la primera edición de las Becas Avina de Investigación Periodística para el Desarrollo Sostenible. En la convocatoria participaron más de 1.000 periodistas de 24 países de América Latina, Estados Unidos y Europa, se presentaron 660 propuestas.

Un jurado compuesto por 12 periodistas y expertos de reconocido prestigio en temas relacionados con el desarrollo sostenible, escogió 50 trabajos ganadores de 16 países, entre ellos el trabajo que a partir de hoy y en tres entregas publica El Espectador que ganó uno de los premios en la categoría de Participación y Transparencia.

¿Qué es una veeduría?

Es el mecanismo democrático de representación que les permite a los ciudadanos o a las organizaciones ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las diversas autoridades, en lo público y lo privado.

¿Cómo se conforma?

Se debe acudir a las personerías locales o a la Cámara de Comercio de su ciudad y mediante acta de constitución, inscribir la veeduría que debe ser conformada como mínimo por dos personas.

¿Quién las financia?

Con aportes de sus integrantes o con recursos de la cooperación internacional. El Fondo de Desarrollo Comunal y Participación del Gobierno destina recursos para capacitar a los veedores.

¿Qué limitaciones hay?

Sin el permiso o concurso de la autoridad competente a las veedurías ciudadanas les está prohibido retrasar, impedir, o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de vigilancia.

Primera Parte

El Espinoso camino de un mecanismo de control social: Radiografía de las veedurías ciudadanas


Durante más de dos décadas, la participación de la comunidad en la vigilancia de las actividades públicas y privadas ha sido vital en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo están funcionando las veedurías ciudadanas en Colombia? Primera de tres entregas. Un proyecto apoyado por la Fundación Avina.
Norbey Quevedo H.sábado, 22 de septiembre de 2007Desde finales de los años 70, en medio de los conflictos políticos y sociales que convulsionaban el acontecer de América Latina, comenzaron a germinar los primeros brotes de veeduría pública frente a gobiernos y ámbitos de poder privado. Se intuía en el ambiente el paso trascendental de la democracia representativa a la democracia participativa, y las veedurías ciudadanas fueron el motor que le abrió paso a una sociedad consciente de sus derechos y activa en el propósito de defenderlos.Colombia no fue la excepción. Inmersa en su conflicto social y armado de varios lustros, sujeta al diagnóstico internacional unilateral y sin atenuantes, vio surgir un dinámico movimiento de organizaciones no gubernamentales promovidas por líderes sociales interesados en ejercer la vigilancia de los asuntos públicos y privados. En esta onda progresiva de la participación ciudadana, entre procesos de paz, pactos por la transparencia, comisiones de seguimiento y deseos por aumentar instancias de cogobierno, las veedurías ciudadanas fueron el ojo intuitivo y avizor de un escenario que finalizando los años 80´s ya era prácticamente un hábito y una realidad social en el país.

En consecuencia, desde que empezó a promoverse en Colombia el debate para reformar la centenaria Constitución de 1886 y surgieron movimientos como la Séptima Papeleta, o los acuerdos políticos por el plebiscito, ya estaba claro el norte para uno de los escenarios claves de la democracia participativa y el estado social de derecho que se abrieron paso con la Constitución de 1991.

Los esfuerzos de una sociedad progresivamente documentada en el control público tuvieron una cosecha generosa en un articulado que les otorgó a las veedurías ciudadanas las herramientas jurídicas necesarias para convertirse, pese a los contratiempos y dificultades, en verdaderas protagonistas del acontecer nacional en defensa de una sociedad más justa, más ecuánime, más transparente y más participativa.

PRIMERA EXPERIENCIA

Con la naciente Constitución (1991) se hicieron efectivos nuevos mecanismos de participación. El derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares, entre otros, se convirtieron en instrumentos eficaces para que las veedurías emprendieran su lucha contra la corrupción o la violación de las garantías fundamentales.

Por eso, a mediados de los 90´s, ya las veedurías participaban activamente en acciones de control social. Sus actividades se centraron básicamente en la vigilancia de las actividades públicas de los congresistas colombianos, en el seguimiento de la contratación en entidades estatales y del sector privado, en la supervisión de obras públicas, en la auditoría a los sectores de la salud, educación, medio ambiente y vivienda y en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Se estima que para la época, en Colombia ya existían cerca de 100 grupos de veeduría ciudadana, tanto en las grandes capitales como en los municipios. En consecuencia, las actividades de control ciudadano empezaron a despertar el interés de cerca de veinte entidades públicas, entre organismos de control, programas presidenciales, ministerios, entidades y fundaciones, que tímidamente emprendieron acciones de capacitación, facilitando el acceso a información por parte de las veedurías.

Según registros revisados por El Espectador, entre 1995 y 2000 las veedurías participaron en el seguimiento de más de 500 procesos de vigilancia de asuntos públicos y privados. Y fue precisamente una de ellas, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver, una de las organizaciones sociales que más protagonismo tuvo en actividades de control social y seguimiento al buen uso de los recursos públicos.

Su director, Pablo Bustos Sánchez, un abogado entusiasta de los temas conexos a la democracia participativa, asumió un inusual liderazgo, rápidamente imitado por otros veedores, y logró organizar desde Bogotá y con extensión a los principales departamentos de Colombia, a por lo menos 60 grupos de veedurías que, poco a poco, se convirtieron en un referente importante en la lucha contra la corrupción y de vigilancia de los procesos contractuales y electorales.

Por ejemplo, durante el gobierno del presidente liberal Ernesto Samper Pizano, a propósito del escándalo de la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña política, que en otros frentes paralelos tomó la denominación del proceso 8000, los grupos de veedores aportaron pruebas, se organizaron en comisiones de seguimiento y para las elecciones presidenciales de 1998, hicieron causa común para garantizar la transparencia de este y otros debates.

Y el asunto fue mucho más allá. Según un documento de la Corporación Transparencia por Colombia, entre los años 1996 y 2001, el 39% de las pérdidas de investidura de congresistas se generaron por denuncias formuladas por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. En otras palabras, la muerte política de muchos dirigentes incursos en inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de sus funciones, fue posible gracias a la acción de los veedores.

De hecho, a finales de 1999 y principios de 2000, la recurrente acción vigilante de la Red Ver, fue determinante para develar un gigantesco episodio de corrupción en los trámites de contratación de la Cámara de Representantes. El escándalo derivó no sólo en la pérdida de la investidura de los congresistas implicados, sino en sus condenas. El primero de ellos, el propio presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico Ramos.

En las regiones

Sin embargo, las actividades de control de las veedurías no se limitaron a las grandes capitales. En las regiones, grupos de ciudadanos asociados en veedurías también produjeron notables resultados. Por ejemplo, en la Costa Atlántica, específicamente en Cartagena, la Corporación Cartagena Honesta, una veeduría conformada por cerca de 50 personas, emprendió una cruzada contra la corrupción en Barranquilla y Santa Marta.

Según registros de la Fiscalía Seccional, entre 1998 y 2000, la Corporación Cartagena Honesta efectuó doce investigaciones por firma de contratos que condujeron al ente acusador y a la Contraloría a iniciar investigaciones. A su vez, en Barranquilla, Protransparencia también vigiló la ejecución de varias obras y los resultados fueron semejantes. Hoy, en diversos departamentos de la Costa, las veedurías ya hacen parte del dinamismo social de la región

Por su parte, en la zona cafetera de Colombia, en Manizales, también se hizo una gestión valiosa. Según un estudio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle de Bogotá, la Corporación Cívica de Caldas, una iniciativa financiada por 150 ciudadanos de la región, presentó varias acciones de cumplimiento para mejorar la seguridad del aeropuerto La Nubia y para descontaminar visualmente la ciudad. Una denuncia suya derivó en la pérdida de investidura de un diputado de la Asamblea.

En Floridablanca, Santander, región nororiental del país, la gestión de una veeduría optimizó la asignación de beneficiarios de programas sociales. En el departamento del Amazonas, al extremo sur del territorio nacional, una veeduría se convirtió en el mejor instrumento de control social de la región y en veinte departamentos más las veedurías ciudadanas vigilaron la adecuada asignación de beneficios del Régimen Subsidiado de Salud de las regiones.

En síntesis, lo que para finales de los años 80 constituía una esperanza de la sociedad colombiana, en el sentido de querer aproximarse a la coadministración de los recursos públicos, hoy es una realidad no exenta de dificultades. El impulso se dio, los enemigos invisibles rondan esta experiencia democrática, pero aún hay mucho camino por recorrer. Las veedurías ciudadanas se proyectan como herramientas eficaces para una sociedad que cada día necesita más el concurso de sus ciudadanos.

DATOS CLAVE

Se estima que en Colombia existen 500 veedurías ciudadanas.

Las veedurías son una experiencia nueva en Iberoamérica.

Colombia es pionera en este esquema de control.

El origen de las veedurías en Colombia es la Ley 11 de 1986.

La última norma que reglamentó las veedurías es la Ley 850 de 2003.

Cualquier persona puede ser veedor.

Próxima entrega: Los veedores, en la ruta de la muerte.

nquevedo@elespectador.com

Los Veedores, en la ruta de la muerte

sábado, 29 de septiembre de 2007

Los veedores ciudadanos en Colombia han sido pieza fundamental para incentivar el espíritu participativo de la democracia, pero han pagado un costo muy alto en su lucha por impulsar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en la protección de los derechos humanos y en la defensa de opciones cívicas para el desarrollo de las regiones y municipios.

Tan sólo tres ejemplos demuestran el desafío de ser veedor ciudadano, en un país donde la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción siguen entorpeciendo la evolución democrática. Se trata de los casos de los veedores Manuel Ospino Castrillón, José Lucio Cantero Doria y Félix Eduardo Martínez Ramírez, quienes perdieron la vida en ejercicio de su deber ciudadano, por mano asesina que, sin duda, buscaba neutralizar su gestión.

Ospino Castrillón era veedor del municipio de Arjona (Bolívar). Desde finales del año 2002 venía denunciando episodios de presunta corrupción pública en su municipio, hasta que el martes 18 de marzo de 2003, fue asesinado por un sicario. Lo mismo aconteció con Cantero Doria, director de la Veeduría “Por Ti”, del municipio de Lorica (Córdoba), asesinado el 21 de febrero de 2003 en su propia casa. Los dos casos siguen investigados por la justicia penal sin conclusiones convincentes.

En cuanto al tercer episodio, a nivel del debate público, aún sigue siendo objeto de análisis. Félix Eduardo Martínez era vicepresidente de la Red de Veedurías Ciudadanas del departamento del Tolima. El domingo 19 de enero de 2003, cuando llegaba a su casa, dos sicarios le quitaron la vida. Era tan claro para el veedor Martínez que su vida corría peligro que, días antes del atentado que segó su existencia, dejó escrita una carta en la que responsabilizó de su muerte al alcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez.

El caso tampoco se aclaró satisfactoriamente, pero demuestra las dificultades que afrontan los veedores en Colombia debido a su labor fiscalizadora en distintos ámbitos de la cotidianidad pública y privada. Ello explica por qué la Organización Cívica Regional Probidad, reiteradamente le ha solicitado al Gobierno Nacional una política específica para proteger la integridad física de los veedores, investigar a fondo las acciones violentas en su contra y liderar una campaña en su defensa.

Pablo Bustos, sin duda uno de los más representativos veedores ciudadanos, hoy está exiliado en Canadá luego de recibir amenazas por su ejercicio fiscalizador a través de la Red Ver. No solamente fue una de las personas que más impulsó gestiones de control en el proceso 8000 que intentó cortar los nexos entre el narcotráfico y la sociedad, sino que fue alma y nervio del debate público que permitió el trámite de una ley para reglamentar la opción jurídica de las veedurías ciudadanas.

Y como él, la lista ya empieza a volverse interminable. Stella Ramírez de Borrero, promotora de la veeduría Candelaria Honesta, ha recibido múltiples amenazas por persistir en su gestión observadora de los procesos de contratación pública en este mismo municipio del Valle del Cauca. Situación semejante ha afrontado William Dau, de la Corporación Cartagena Honesta, quien además ha sido un activo líder en la demanda de justicia en aquellos casos en los que veedores han sido asesinados.

Y hay más. Luis Bienvenido Atehortúa, según sus propios colegas, era un veedor ejemplar. Después de haber vivido muchos años en Estados Unidos, regresó al país y se radicó en el municipio de Granada (Meta). Ejerció como pocos su labor fiscalizadora y se apropió y enseñó el derecho a la participación ciudadana. Fue asesinado a quemarropa en el municipio que defendió incluso con un espacio radial comunitario, donde le enseñaba a la gente a defenderse.

Al poco tiempo, según sus allegados, de física pena moral, murió su esposa, quién ejercía como asesora jurídica de la veeduría. Hoy, este caso, escasamente documentado pero de notable impacto social en la zona del Alto Ariari, en el departamento del Meta, ha motivado al documentalista colombiano Hugo Espinel, hoy residente en New York para promover un trabajo fílmico sobre la vida y obra de este ejemplar ciudadano que murió queriendo ser un veedor.

El caso más reciente o quizás más comentado tiene que ver con Pedro Durán Franco, un veedor ciudadano de Cúcuta (Norte de Santander), quien nunca se cansó de promover acciones por supuestos actos de corrupción en su municipio, hasta que fue asesinado en la plaza principal de su ciudad, en momentos en que se movilizaba en un vehículo de servicio público. Como en casos anteriores, la investigación judicial sigue en veremos.

En pocas palabras, ese es el denominador común para los más abnegados veedores en Colombia. Hay otros casos donde desafortunadamente han existido abusos con la figura pero en su mayoría, se trata de espontáneos ciudadanos que se juegan la vida tratando de salirle al paso a los artífices de la violencia o la corrupción. Ellos ejercen una eficaz labor complementaria a los organismos de control, pero ni siquiera éstos han dimensionado suficientemente el alcance que pueden tener los veedores ciudadanos en el país.

En el caso del director de la Red Ver, Pablo Bustos Sánchez, por fortuna desde el 15 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares y hoy es un ciudadano protegido por la OEA. Sin embargo, no es el mismo caso de muchos otros veedores que, sin el mismo conocimiento del abogado Bustos, afrontan diariamente el reto de impulsar la transparencia en los más distantes municipios del territorio nacional.

De hecho, la mayoría de veces se trata de una labor voluntaria, autodidacta y en condiciones muy precarias, derivada únicamente del estudio directo de la Constitución y sus opciones legales. La comunidad internacional ha insistido en las iniciativas anticorrupción a nivel global, pero aún la pedagogía en este aspecto sigue siendo un ejercicio centralista, particularmente orientado a los grandes casos en Bogotá o las principales capitales, pero olvidándose de que los principales retos están en las regiones y en los municipios.

Desde 1991 a la fecha, también por iniciativa de los veedores, el Estado ha venido promoviendo diversos instrumentos legales para fortalecer la fiscalización ciudadana. Tales herramientas han resultado insuficientes. Pero la labor disciplinada y consistente de las veedurías hoy constituye un ejemplo de democracia plena y cogobierno, donde a riesgo de enfrentarse a los grandes señores de la corrupción, el narcotráfico o la violencia, los veedores son, en su mayoría, actores del país honesto que todos buscan consolidar.

Información Complementaria: Veedores Asesinados y Amenazados, Red Probidad, “Veedurías Sociales (o Contralorías Ciudadanas) para Territorios Socialmente Responsables -TSR-” en Blog Responsabilidad.

Próxima semana, última entrega : Los vacíos de la Ley de Veedurías.

nquevedo@elespectador.com

Los vacíos de la Ley de Veedurías

sábado, 06 de octubre de 2007

Radiografía a las veedurías ciudadanas (III)
Horizonte de las veedurías
El Congreso expidió una ley que reglamenta el control fiscal, pero su lenta aplicación está afectando el ejercicio del control social en Colombia. Gobierno maneja nuevos proyectos y red de apoyo afianza iniciativas de capacitación a nivel nacional.
Norbey Quevedo H

Al tiempo que las redes de veedurías ciudadanas se consolidaban como un instrumento de participación y la violencia marcaba a algunos de sus integrantes, el Congreso aprobó una ley que las reglamentó y las fortaleció en el ejercicio del control social.
Veedurias
Se trata de la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, que en 24 artículos estableció las pautas de funcionamiento de las veedurías, sus principios, sus derechos y deberes y creó la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Auditoría General de la República y la Contaduría General de la Nación.

Además de los organismos de control, la norma vinculó al Departamento Administrativo de la Función Pública como el organismo para facilitar el ejercicio de vigilancia de las veedurías y a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) como la entidad encargada de desarrollar programas de capacitación de los integrantes de las veedurías.

A partir de la expedición de la Ley 850 de 2003, las veedurías salieron de la informalidad y empezó un proceso de unificación de información sobre cuántas existen en Colombia, sus integrantes y sus actividades.

Según varios integrantes de las veedurías, servidores públicos e investigadores en la materia, después de la expedición de la ley, la labor de las veedurías se ha centrado en asuntos de contratación estatal, servicios públicos y vigilancia a los sistemas de pensiones y de salud.

Actualmente, las redes de veedurías ciudadanas en su mayoría están integradas por pensionados y personas sin empleo o con empleo temporal y cuyo nivel educativo es bajo.

En términos económicos, la labor de veeduría no tiene remuneración y la actividad se clasifica en veedores independientes, grupos de ciudadanos asociados de manera informal o veedurías constituidas ante las cámaras de comercio o las personerías municipales.

Sin embargo, una preocupación ronda a algunos expertos, que advierten que en algunos casos se estarían utilizando como instrumento electoral; destacan que en muchas de ellas se generan prácticas que buscan beneficios personales de sus miembros, especialmente en reconocimiento de pensiones y prestación de servicios de salud, y señalan su inquietud por la vinculación del director de una de ellas en un proceso penal.

En concreto se refieren al caso de Alberto Contreras, representante de la Asociación Cívica Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, quien en agosto de 2000 ofreció a la embajada de Países Bajos en Colombia desarrollar un programa de “Apoyo al fortalecimiento institucional y a las actividades de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas en contra de la corrupción pública”.

La delegación diplomática giró un anticipo de $46 millones para apoyar el programa, pero la Fiscalía detectó presuntos manejos indebidos del dinero, encontró que la red sólo la conformaba Contreras y en octubre de 2005 profirió resolución de acusación en su contra por el presunto delito de abuso de confianza calificado. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá le suspendió la Personería Jurídica. Contreras se defiende argumentando que sí ejecutó el programa que ofreció a la embajada. El caso continúa en los estrados judiciales.

A estas preocupaciones sobre lo que sucede con las veedurías se suma el hecho de que la Red Institucional de Apoyo de las Veedurías Ciudadanas que ordenó la ley se demoró más de un año en constituirse, luego que en febrero de 2005 se firmara un acuerdo entre las ocho entidades que la conforman.

Por eso la aplicación de la Ley 850 de 2003 apenas comienza. Actualmente el Ministerio del Interior desarrollan el programa Sistema Nacional de Información del Sector de la Participación Sider, que entregará información precisa sobre las redes de veedurías.

A esta iniciativa se suman el programa estatal Auditores Visibles y la Vicepresidencia de la República, que está en proceso de firmar un convenio marco de cooperación a fin de prestar asistencia técnica a los veedores en 16 departamentos de Colombia.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública está implementando un banco de proyectos con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías.

En materia de capacitación los resultados son alentadores. Desde 2005, en departamentos y municipios, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y las administraciones locales han efectuado más de 100 actividades de preparación a cerca de diez mil personas interesadas en hacer veeduría a nivel nacional.

El futuro de las veedurías ciudadanas en Colombia es promisorio, pero requiere de una titánica labor. Pese a las dificultades que atraviesan desde hace dos décadas, la falta de apoyo, la violencia, las indelicadezas de algunos veedores y la lentitud oficial en la implementación de una ley, pueden ser un mecanismo de participación social más efectivos para luchar contra la corrupción, uno de los males que azotan al país.

CONCEPTOS y  OPINIONES

Edgardo Maya Villazón. / Procurador General

Edgardo Maya VillazonEstamos estimulando el fortalecimiento de las veedurías capacitando a la gente en todo el país”.

Rodrigo Lara / Zar anticorrupción

Rodrigo Lara Restrepo
Las veedurías son buenas, pero prefiero trabajar directamente con el ciudadano”.

Renunció el Zar Anticorrupción

José Andrés O’Meara / Director Asuntos políticos Ministerio del Interior

Las dificultades o riesgos que implica el ejercicio del control social a la gestión pública están relacionados con la elección y registro de las veedurías”.

Édgar González Salas / Experto en administración de las Naciones Unidas

El futuro de las veedurías está en la medida en que se capaciten, los gobiernos entreguen informes y hagan alianzas con los entes de control”.

Libardo Espitia / Veedor ciudadano

Falta reglamentación e impulso a la Red de Apoyo a las veedurías y el Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías”.

Salvador Mendoza / Viceveedor del Distrito

Estamos capacitando a gente joven, son el futuro de las veedurías”.

Últimos logros de las veedurías

  • Bogotá: control social a varias multinacionales
  • Villavicencio: se redujeron los costos ilegales del agua.
  • Cúcuta: la Fundación Pades capacitó a 525 líderes.
  • Medellín: seguimiento a servicios de salud.
  • Cartagena: evitaron la construcción de un puerto carbonífero en zona turística.
  • Cali: labor de control en asuntos electorales.

nquevedo@elespectador.com

ENLACES

Casa Ciudadana Control Social

Veeduría Ciudadana de Medellín

Veedurías: Medellín

Bolivia: Veedurías Ciudadanas


57 comentarios en “Colombia: Veedurías Ciudadanas

  1. olga cabrera mujeres c0mo usted son necesarias para que en colombia desenmascaremos a todos esos dudosos veedores disfrasados de ovejas que solo son lobos rapaces que se estan aprovechando del descontento ciudadano y estan haciendose inscribir como representantes del voto en blanco cuando los unicos representantes de este voto son todos los ciudadanos cansados de tantas injusticias contra cada uno de nosotros los ciudadanos.
    felicitaciones.

    Responder
  2. cordialmente solicito se me informe sobre: QUIEN VIGILA LAS VEEDURIAS CIUDADANAS, FUNCIONES, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.
    Ante quien se denuncia una Extralimitacion de un Veedor Ciudadano. aGRADEZCO SU OPORTUNA E INMEDIATA RESPUESTA.

    Responder
    • las veeduríass responden es a las comunidades son autonomas, por constitución política- pero HAY PERIODISTAS como quevedo que ojala explicaran porque denuncias llegadas a sus manos no trascienden -PORQUE LAS GUARDA ?? LAS NEGOCIA ? COMO BUSTOS SANCHEZ FALSO VEEDOR-. EXCANDIDATO AL SENADO AVALADO POR EL PIN- PARTIDO CON MUCHO PARACO- BUSTOS CRITICA A LA PROCURADURIA, PERO FUE CONTRATISTA DEL ICBF EN LA EPOCA DE LA CORRUPCION POR LA BIENESTARINA, LA DIRECTORA ERA ELVIRA FORERO LA DE -URIBE- hay mucho periodista CORRUPTO; y la fundación AVINA la QUE LE DIO $$$ A NORBEY QUEVEDO -la creo un empresario deshonesto stephan smihany – SUIZO éro ligado a la mayor demanda de CANCER por ASBESTO en turin italia, miles de muertos – ahora regala dinero a periodistas como NORBEY QUEVEDO que se vende como paladin anticorrupción pero MUCHAS DENUNCIAS DE CORRUPCION NO las presenta sera que las negocia, ?? como el caso de funcionarios de las alcaldiías del POLO DEMOCRATICO y de las farc -inflitrados desde la administración de lucho garzon. como GARCIA en la secretaria de planeación – area de ruralidad,

      Responder

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